Ricardo Gómez-Barreda

Senior Partner de Garrigues

“¿Sobrevivirían muchas actividades de la economía sumergida a la imposición de todas las cargas fiscales y cotizaciones sociales de la economía oficial?”

¿Es la lucha contra el fraude el principal desafío del sistema fiscal español?

El fraude fiscal tiene distintas manifestaciones de origen absolutamente diverso que requieren tratamientos completamente distintos. Por ejemplo, el que se genera con la economía sumergida seguramente es consecuencia de que la gente no puede ascender a la economía oficial porque sus niveles de renta son demasiado bajos para poder pagar todas las cargas tributarias del sistema.

También existe otro tipo de fraude fiscal que probablemente no sea tal, porque deriva de la mala regulación de nuestros tributos, donde se crean oportunidades para aprovechar ventajas que van más allá de lo que el legislador hubiera querido conceder. Es la elusión fiscal.

¿Es una cuestión de instrumentos y de cultura?

Todos los informes realizados en los últimos tres años en España sitúan la economía sumergida en el entorno del 23-25% del PIB, es decir, 250.000 millones de euros.

Si de esa cantidad se pudiera recaudar lo mismo que se recauda en la economía oficial, en torno al 35% de impuestos y de cotizaciones sociales, conseguiríamos una recaudación adicional de unos 75.000 millones de euros y ya no habría problema de déficit fiscal. Pero claro, ¿sobrevivirían todas esas actividades a la imposición de todos los tributos, cargas fiscales y cotizaciones sociales de la economía oficial? Tengo mis dudas. Tenemos la imagen popular de que en esa economía sumergida se encuentra el constructor que amasa fortunas con billetes y cajas B, pero eso ya no es así fundamentalmente, sino que son desempleados que hacen sus chapuzas, empleadas del hogar que no cotizan, personas que dan clases por libre, fisioterapeutas que trabajan donde les dejan trabajar, etc. Dicho esto, hay que hacer todo lo posible para que toda esa parte de la actividad económica vaya migrando progresivamente a la actividad declarada, y eso significa bonificar la entrada en el sistema de Seguridad Social para los empleados y olvidarse del pasado. También va siendo hora de eliminar los módulos del sistema de Renta e IVA porque es clarísimamente una fuente de problemas.

¿Qué otras cosas cambiaría usted?

Sin lugar a dudas, el primer cambio es abaratar el factor trabajo bajando las cotizaciones a la Seguridad Social e incrementando los impuestos indirectos. El IVA es un impuesto delicado porque grava el consumo de toda la población. Tenemos que subir más los impuestos especiales, que en España todavía están bajos en comparación con otros países, como el impuesto sobre el consumo de carburantes, del tabaco o del alcohol.

Las cotizaciones de la Seguridad Social no se bajan porque están financiando las pensiones y eso en España es absolutamente sagrado. A lo mejor resulta que en un momento determinado hay una parte de las pensiones del sistema público, sobre todo las no contributivas, que tendrán que ser financiadas en mayor grado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

¿Es sostenible la disparidad en algunos impuestos entre comunidades autónomas?

El 99% de los españoles no se pondrá nunca de acuerdo sobre si tiene que haber Impuesto sobre el Patrimonio o Impuesto de Sucesiones, pero sí en que no debe haber diferencias entre comunidades porque eso hace españoles de distinta condición. Es necesario un gran pacto nacional para establecer un sistema tributario común dentro de ciertos umbrales y evitar distorsiones tan dañinas como se han producido.